Concejales denunciaron múltiples irregularidades en gestión del alcalde de Saravena

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CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA denunciaron en Noticias 100.3 supuestas irregularidades en la gestión del alcalde, Yesid Lozano Fernández, relacionadas con la ejecución del programa Ollas comunitarias, el proyecto de Placas huellas, el uso inadecuado de maquinaria oficial, y otras falencias relacionadas con programas de atención a adultos mayores.

El presidente del Concejo Municipal de Saravena, Fernando Serrano, solicitó que se investigue disciplinariamente el decreto 200 del 30 de diciembre del año 2016 que fijó salario para los funcionarios municipales, donde «se violó el régimen municipal y se asignaron los honorarios del alcalde», por el cual presentó la queja pero no ha obtenido respuesta.

Según Serrano «los responsables de la administración responden que se equivocaron, pero ya está consumado el delito». El incremento del salario fue 7.5 puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la época.

El legislador local también indicó que «el alcalde junto a su secretario de entonces César Salcedo, quien finalmente renunció, no dio la cara sobre el uso de la maquinaria que el departamento de Arauca compró y las entregó a los municipios para que los campesinos tecnificaran sus tierras».

Cabildante Sandra Cáceres se refirió al programa de Ollas Comunitarias. Mencionó en primer lugar un contrato por 70 millones de pesos por cada olla, lo que significaba 11 millones 666 mil pesos por cada actividad y «sólo se ofrecía un plato de sancocho». El contratista fue Ramiro Dussán Peña.

En el año 2017, por 44 millones 110 mil pesos, se contrataron otras cuatro ollas. El responsable del contrato fue Dani Javier Piraquive Vargas, señalado como compañero sentimental de la secretaria privada del alcalde.

Asimismo, la edil denunció que hay irregularidades, los nombres y cédulas coinciden con la realidad pero varios firmantes de las planillas de asistencia no estuvieron en dichas actividades sociales, entre ellos concejales y sus familiares, al igual que una ciudadana residente en México que aparece como beneficiaria. Otro de los aspectos que generó sospechas fue que había más presencia del personal de la administración que de la comunidad.

Cáceres también aprovechó la oportunidad para cuestionar que hay 10 abogados como asesores en el despacho del mandatario municipal, lo que considera exagerado para un ayuntamiento como Saravena.

Por su parte, el Concejal Nixon Díaz se refirió a un contrato por 2 mil 200 millones de pesos para ejecutar trabajos de pavimentación en 2 kilómetros 300 metros en la vía Barrancones hacia la vereda Caño Seco, donde según denuncias recibidas de la comunidad «el material era de mala calidad».

Por ello solicitó a la administración municipal hacer la respectiva revisión, se cumplieron los 15 días legalmente establecidos y nadie aclaró las dudas, por lo que elevó esta queja a la Procuraduría y Fiscalía.

También habló el Fausto Charry representante del Adulto mayor de Saravena, quien cuestionó el contrato 050 del 27 de marzo de 2017 por un valor de 223 millones de pesos, en el cual la persona encargada como administradora no cumple con los ítems, entregaban productos en estado de descomposición y argumentaban que eran donaciones, por lo cual ya notificó a los entes de control.

Otro de los contratos bajo la lupa es el 208, dirigido a la caracterización de los adultos mayores en zonas rurales y urbanas para conocer la vulnerabilidad de los abuelos. Hubo datos inconsistentes, lo que implica deficiencias graves porque quienes no están en el banco de datos de la administración municipal no pueden acceder a los beneficios. Esta contratación fue por 60 millones de pesos, ejecutado la Fundación Alfa y Omega.

El programa Tardes incluyentes también tuvo falencias y se detectó que una sudadera tenía un sobrecosto de 223 mil pesos.

El cuarto plan era de Almuerzos calientes y mercados por 557 millones de pesos durante 135 días y Charry notó sobrecostos en la adquisición.

Por denunciar esta situación el concejal denunció persecución y entre otras intimidaciones le solicitaron que debe desocupar las instalaciones de la sede del Adulto Mayor, sin notificación formal.