Se designarán agentes especiales para intervenir en procesos penales donde investiguen hechos que afecten libertad de prensa y derechos de periodistas

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EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, Fernando Carrillo Flórez, anunció que designará agentes especiales para intervenir en los procesos penales donde se investiguen hechos que puedan afectar la libertad de prensa y los derechos de los periodistas.

Al intervenir en la IV Cátedra de Libertad de Expresión Antonio Nariño 2018, en la Universidad de los Andes, el Jefe del Ministerio Público dijo que con esa medida se «busca asegurar que no se den ese tipo de agresiones y poner un semáforo rojo al acoso judicial».

Carrillo Flórez señaló que con base en la Directiva Interna No 002 del 14 de junio de 2017 que contiene los lineamientos para la protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país, la entidad va a intervenir en los procesos de protección a los periodistas.

«Vamos a tener acciones territoriales de protección en las comunidades, y a partir de la Directiva al lado de los líderes sociales caben los periodistas».

El Procurador resaltó el concepto de la Corte Suprema de Justicia que admitió que los periodistas sí pueden proteger sus fuentes de información, porque es un paso adelante en la defensa de la libertad de prensa, y en el caso de la procuraduría “es una herramienta útil en la lucha contra la corrupción. Yo les diría que buena parte de las investigaciones que ha hecho la Procuraduría responden a este tipo de fuente”.

Dijo que el sistema de justicia debe comprometerse en la garantía del derecho de libertad de expresión. «No se trata únicamente de la capacitación a los jueces sino de todo un sistema de justicia que tenga conciencia absoluta de cuáles son los riesgos en materia de consolidación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa».

Sobre la decisión del Consejo de Estado sobre la competencia de la entidad para destituir funcionarios de elección popular, Carrillo Flórez señaló que «hemos seguido adelante en la plenitud de las potestades disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, no solo porque aplica interpartes, sino porque lo que nos interesa a nosotros es no debilitar las herramientas en la lucha contra la corrupción».

«Lo que deja el Consejo de Estado afuera es utilizar la potestad disciplinaria sin controles y desmesuradamente para poner en entredicho políticas públicas, actuaciones de los funcionarios de elección popular que no tengan que ver con la corrupción», explicó.

Para el Jefe del Ministerio Público «lo importante es que el derecho disciplinario permanece incólume y por eso es muy grato tener esa noticia por parte del Consejo de Estado».